La guerra que azota la República Democrática del Congo y que ha causado ya más de cinco millones de muertos, se está recrudeciendo lamentablemente desde primeros de julio de 2009.

Las dos últimas guerras sufridas en este país, en los años 1996 y 1998 fueron planificadas y apoyadas logísticamente por los EEUU para asegurarse el control de los recursos mineros del centro de África. Los ejecutores directos fueron los países aliados de la zona, resguardados bajo el paraguas de silencio tejido por los países occidentales.

El gobierno de Ruanda continúa hoy ejecutando una política destinada a anexionarse importantes territorios de la región del Kivu. Ha conseguido ya el mando de las administraciones civiles de las provincias congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur, a través de miembros de los grupos rebeldes que han sido "reinsertados" en las instituciones. El último informe del panel de expertos de la ONU lo ha dejado bien claro.

Tiene también el control de parte del ejército gubernamental allí estacionado, gracias a la implicación de importantes redes de funcionarios congoleños corruptos, cuyas ramificaciones podrían llegar hasta la presidencia de la República, en Kinshasa.

La política expansionista de Ruanda pretende expulsar la población congoleña de la zona de los Kivus y permitir así su sustitución por población ruandesa.

Para lograr ese objetivo ha utilizado un gran número de grupos guerrilleros -de muy variado signo e incluso, a veces, aparentemente antagónicos- que matan, violan, roban, aterrorizan y destruyen toda actividad productiva. De esa forma obligan a las gentes a huir de sus poblados y a ser cada vez más dependientes de Ruanda.

El alto número de víctimas que, desde 1998 al 2003 ha habido en territorio congoleño sólo puede explicarse por una estrategia planificada previamente y destinada a eliminar el mayor número posible de población civil congoleña y a destruir el tejido productivo de algunas de las provincias del Este del Congo.

A esta conclusión han llegado numerosas organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron en su momento que los ataques de los grupos guerrilleros se hacían coincidir con el momento de la cosecha y causar de este modo un mayor perjuicio, provocando la penuria y el hambre entre la población refugiada.

Así lo ha considerado también la Audiencia nacional española ante los testimonios de militares ruandeses, testigos protegidos, como lo hace constar el juez en su auto emitido el 6 de febrero del 2008 en el que acusa de genocidio a numerosos altos cargos civiles y militares del actual gobierno ruandés.

Se ha querido presentar esta guerra como "cuestiones tribales" y enfrentamientos provocados y financiados por multinacionales interesadas en el coltán, pero en realidad ha sido una guerra perfectamente programada por Ruanda para obtener el control de las provincias más ricas del Congo en coltán y casiterita.

Esta guerra se acabaría rápidamente si los países occidentales cortasen el flujo de ayuda económica al gobierno ruandés, como hicieron Suecia y Países Bajos, al comprobar que Ruanda estaba financiando a los grupos rebeldes y favoreciendo las masacres de la población civil.

Los países occidentales deben exigir a Ruanda igualmente que resuelva de manera definitiva el problema de las FDLR, fuerzas rebeldes hutus, escondidas en territorio congoleño desde el genocidio de Ruanda, hace ya más de 14 años.

Dado que una solución militar a este problema ha demostrado ser inviable y sólo ha conducido a más masacres y violaciones de la población civil, urge una solución negociada, ofreciendo a los refugiados hutus ruandeses en el Congo una posibilidad real de retorno a su país, mediante un diálogo abierto y pacífico.

Nos unimos al grito de sufrimiento de nuestros amigos congoleños para que rompa el silencio impuesto por los intereses económicos y políticos, tanto africanos como occidentales.

UMOYA

Federación de Comités de Solidaridad con África Negra

Madrid a 7 de Julio de 2009