La mayor guerra de la historia todavía se está librando en la región de los Grandes Lagos, que abarca varios países de África Central. ¿Es posible en esta era de las comunicaciones ocultar millones de víctimas? El International Rescue Committee ha contabilizado más de 5.400.000 personas fallecidas, la mayor parte de ellas a partir de la invasión de Congo por las fuerzas de Ruanda, Uganda y Burundi.

La mayoría de las víctimas no proceden de enfrentamientos entre ejércitos regulares, sino de:

1) masacres sistemáticas y planificadas para eliminar a grandes grupos de población,

y 2) el hambre y las enfermedades derivados de las huidas masivas de refugiados aterrorizados.

No ha habido una tragedia similar desde la II Guerra Mundial. Es inaudito el silencio en torno a este conflicto. Como también es inaudito el diferente tratamiento que durante todos estos años han recibido los responsables de los crímenes.

Mientras los responsables de algunas matanzas ocurridas en 1994 contra ruandeses tutsis son juzgados y sentenciados en tribunales especiales, otros actores de esta tragedia, como el líder del Ejército Patriótico Ruandés (FPR) y actual Presidente de Ruanda, Paul Kagame, reciben la protección y el apoyo de grandes potencias y empresas multinacionales, y se les presenta como gobernantes modélicos y democráticos.

Un ejemplo de esta paradoja se produce en 1998, cuando Ruanda, Uganda y Burundi inician la invasión de Congo. Los informes de Naciones Unidas revelan ataques especialmente crueles con la población civil:

· en algunas regiones, el 75% de los niños menores de 2 años había muerto;
· el 33% de la población congoleña tenía necesidad perentoria de alimentos.

El objetivo de esta guerra era saquear los inmensos recursos mineros del Congo (oro, diamantes, coltán, casiterita, cobre, cobalto...)

Y a pesar de reconocer la responsabilidad de Ruanda y Uganda, la ONU dejó pasar ocho meses y permitió que el grupo armado extremista tutsi siguiera masacrando a la población civil congoleña, y a los refugiados ruandeses, a un ritmo de cien mil personas al día.

"Estas muertes son el resultado directo de la ocupación por Ruanda y Uganda", decían los informes de la ONU, que paradójicamente no ha movido un dedo, ni entonces ni ahora, para que los responsables de estos países sean juzgados por tribunales independientes.

Entre los millones de personas asesinadas había 9 españoles, cooperantes y misioneros que probablemente cayeron por ser testigos incómodos de las masacres. En 2005 el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, presidido por Juan Carrero Saralegui, interpuso en la Audiencia Nacional española una querella criminal para aclarar todas estas muertes. Entre las organizaciones que constituyen este Forum está la Fundación S'Olivar, presidida también por Juan Carrero.

Tras tres años de investigaciones, el Juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu Merelles, emite órdenes de arresto internacionales contra 40 altos mandos del FPR. Algunos miembros de la cúpula de poder en Ruanda empiezan a encontrar dificultades cuando viajan a otros países. Paul Kagame disfruta de inmunidad como presidente.

Diferentes personas -especialmente ruandeses del exilio-, empiezan a sufrir persecución, amenazas o torturas a causa de este proceso judicial. Ahora la propia ONU arremete contra la Fundación S'Olivar: un Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha exigido a algunos de los financiadores de la organización que presenten toda la documentación sobre las subvenciones que han concedido en los últimos años, para investigar el presunto apoyo de ésta a un grupo armado.

Pero las cuentas de la Fundación, que maneja apenas 50.000 euros al año, dedicados de forma casi exclusiva a financiar las acciones legales derivadas de la querella, y a organizar acciones de diálogo entre ruandeses, son claras y transparentes.

Parece también transparente que se trata de una acción encaminada a desprestigiar a la organización y ahogarla económicamente. Para cuando la ONU termine sus investigaciones y se descubra que eran infundadas las acusaciones, el mal ya puede estar hecho.

La Misión de Paz desplegada por la ONU en el Congo es severamente cuestionada en estos días por organizaciones internacionales como Pax Christi, War Child y Oxfam.

Pero en lugar de poner orden en casa, Naciones Unidas decide ponerse de parte de los asesinos, atacar a las organizaciones que trabajan por la justicia y la reconciliación. Naciones Unidas elige no defender a las víctimas.

¿Por qué un organismo internacional tan importante como Naciones Unidas se permite atacar a una pequeña organización mallorquina? ¿Quizá porque esta fundación, con sus acciones legales en busca de la verdad, pone en cuestión las verdades oficiales? ¿Quizá porque al preocuparse por las vidas de millones de personas insignificantes pone en evidencia los intereses de las multinacionales que explotan, de forma manifiestamente ilegal, las riquezas naturales del Congo?

Aunque sean pocos, aunque tengan pocos medios, Juan Carrero y los miembros de S'Olivar saben que tienen consigo la fuerza de la verdad. Una verdad que abre rendijas en las versiones oficiales y que molesta a los poderosos. Quizá gracias a esta pequeña organización algún día veamos en el banquillo a los responsables y a los beneficiarios de la peor guerra de la historia.

Federación de Comités de Solidaridad con África Negra

http://www.umoya.org

La situación de violencia y represión en el este del país empeora a pesar del cese de hostilidades. El presidente Kabila está respondiendo con mano dura a toda voz que se levante en contra del gobierno. La inseguridad campa a sus anchas y varios defensores de derechos humanos han sido arrestados.

En un comunicado, Herederos de la Justicia denuncia la situación de inseguridad en Bukavu, incluso en sitios próximos a campos de militares del ejército.

Mientras, en Kivu Norte la situación de seguridad pública es alarmante; continúan produciéndose ataques por grupos armados no identificados y actos de pillaje.

El clima de ingobernabilidad es extremo en la provincia oriental: tanto el sector salud como la administración pública se ha declarado en huelga y la reapertura del curso escolar difícilmente se está realizando.

Umoya

noviembre 09